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¿Qué es el delito de sustracción de menores en el derecho penal mexicano?
El delito de sustracción de menores en el derecho penal mexicano se refiere a la acción de llevarse, retener o ocultar a un niño o niña sin el consentimiento de sus padres o tutores legales, con el fin de privarlos de su custodia o utilizarlos para fines ilícitos, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo de la gravedad del delito y las circunstancias de la sustracción.
¿Qué es la legítima defensa en el derecho penal mexicano?
La legítima defensa en el derecho penal mexicano es una causa de justificación que exime de responsabilidad penal a quien repela una agresión de manera razonable y proporcional para protegerse a sí mismo o a terceros de un peligro inminente e injusto.
¿Qué procedimientos se siguen en caso de que un individuo solicitado en extradición en México sea considerado refugiado en otro país?
En caso de que un individuo solicitado en extradición en México sea considerado refugiado en otro país, se pueden seguir procedimientos legales para determinar su estatus y la compatibilidad de su entrega con las obligaciones internacionales en materia de refugio.
¿Qué es el contrato de factoring en el derecho mercantil mexicano
El contrato de factoring en el derecho mercantil mexicano es aquel en el cual una empresa, llamada factor, adquiere los créditos generados por los cuentas por cobrar de otra empresa, llamada cedente, a cambio de un precio determinado, brindándole liquidez inmediata.
¿Qué es la acción de nulidad de acto jurídico en el derecho civil mexicano?
La acción de nulidad de acto jurídico es el derecho que tiene una persona para impugnar un acto que contraviene disposiciones legales o carece de los elementos esenciales para su validez.
¿Cuál es el impacto de la Ley de Lavado de Dinero y la Ley de Seguridad Nacional en el cumplimiento de empresas en México?
La Ley de Lavado de Dinero y la Ley de Seguridad Nacional en México buscan prevenir actividades ilícitas y proteger la seguridad del país. Las empresas deben cumplir con estas leyes para evitar sanciones y cooperar con las autoridades en investigaciones relacionadas con el lavado de dinero y la seguridad nacional.
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