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¿Qué es el delito de sabotaje en el derecho penal mexicano?
El delito de sabotaje en el derecho penal mexicano se refiere a cualquier acción destinada a causar daño, destrucción o perturbación en instalaciones, servicios públicos o propiedades, con el fin de obstaculizar su funcionamiento normal, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo del alcance del sabotaje y las consecuencias del mismo.
¿Es necesario registrar un contrato de venta en México?
No es necesario registrar un contrato de venta en México, pero puede ser recomendable para dar publicidad y garantizar derechos sobre ciertos tipos de bienes, como inmuebles.
¿Qué regulaciones aplican a la venta de bienes sujetos a medidas de control de propiedad industrial en México?
La venta de bienes sujetos a medidas de control de propiedad industrial en México debe cumplir con regulaciones de propiedad intelectual y respetar los derechos de los titulares de propiedad industrial.
¿Qué es el derecho de la competencia económica en México?
El derecho de la competencia económica regula las prácticas anticompetitivas, como los monopolios, los acuerdos restrictivos de la competencia y los abusos de posición dominante, con el objetivo de promover la competencia leal, la eficiencia y el bienestar del consumidor en los mercados.
¿Qué es el delito de robo con violencia en vía pública en el derecho penal mexicano?
El delito de robo con violencia en vía pública en el derecho penal mexicano se refiere a la sustracción de bienes o pertenencias de una persona en un espacio público, como calles, plazas o parques, mediante el uso de la fuerza, intimidación o amenaza, y está castigado con penas que van desde largas condenas de prisión hasta la cadena perpetua, dependiendo del grado de violencia empleada y las circunstancias del robo.
¿Cómo se manejan las disputas y quejas de los clientes en relación con el proceso KYC en México?
Las disputas y quejas de los clientes en relación con el proceso KYC en México se manejan a través de los procedimientos de resolución de conflictos de las instituciones financieras y, en algunos casos, la intervención de la CONDUSEF. Las instituciones deben contar con mecanismos para atender y resolver las quejas de manera justa y oportuna.
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