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¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de activos relacionado con la minería y la explotación de recursos naturales, especialmente en áreas rurales y remotas?
México se enfoca en la prevención del lavado de activos en el sector de la minería y la explotación de recursos naturales a través de regulaciones y supervisión en la industria extractiva. Se busca garantizar la transparencia en las transacciones y prevenir el uso de la minería en actividades de lavado de dinero.
¿Cuáles son los derechos de visita en casos de pensión alimenticia en México?
Los derechos de visita en casos de pensión alimenticia en México se refieren al derecho del progenitor no custodio de pasar tiempo con sus hijos. Estos derechos están destinados a mantener una relación continua entre el progenitor y los hijos. Si bien no están directamente relacionados con la obligación de pagar alimentos, pueden ser parte integral de un acuerdo de divorcio o de una orden de alimentos para garantizar el bienestar de los hijos.
¿Qué es un embargo precautorio en México?
Un embargo precautorio en México es una medida legal que permite asegurar temporalmente los bienes o activos de un deudor antes de que se resuelva la disputa o el proceso judicial relacionado con la deuda. Esta medida busca evitar que el deudor disponga de sus bienes durante la resolución del caso.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector turístico y hotelero en México?
En el sector turístico y hotelero, se implementan medidas de identificación de clientes, monitoreo de transacciones y reporte de actividades sospechosas para prevenir el lavado de activos. Esto incluye la supervisión de reservas y pagos.
¿Cuáles son los plazos de garantía legal en un contrato de venta en México?
En México, la garantía legal en un contrato de venta es de 180 días para bienes nuevos y 90 días para bienes usados, a menos que las partes acuerden plazos diferentes.
¿Cuál es la función de la Procuraduría Agraria en México?
La Procuraduría Agraria es la institución encargada de proteger los derechos de los ejidatarios y comuneros, así como de mediar y resolver conflictos agrarios, garantizando la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y la regularización de la propiedad rural.
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