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¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho minero en México?
Las principales leyes son la Ley Minera, la Ley de Derechos, la Ley del Impuesto sobre la Renta, y otras disposiciones específicas relacionadas con la concesión, exploración y explotación de minas.
¿Qué es el delito de tortura en el derecho penal mexicano?
El delito de tortura en el derecho penal mexicano se refiere a la acción de causar intencionadamente dolor físico o mental a una persona con el fin de obtener información, castigar, intimidar o coaccionar, y está castigado con penas que van desde largas condenas de prisión hasta la cadena perpetua, dependiendo del grado de tortura y las circunstancias del caso.
¿Cuál es el sistema de protección de los derechos de los niños en México?
México cuenta con un sistema de protección de los derechos de los niños que busca garantizar su bienestar, desarrollo y participación. Se han implementado leyes y políticas que buscan prevenir la violencia y la explotación infantil, asegurar el acceso a la educación, la salud y la alimentación, así como promover su participación en decisiones que les afecten.
¿Cuál es el derecho fundamental que protege la libertad de asociación en México?
El derecho fundamental que protege la libertad de asociación en México es el artículo 9 de la Constitución, que garantiza el derecho de las personas a formar asociaciones y reunirse pacíficamente.
¿Cómo se promueve la igualdad de género en la contratación pública y se previenen sanciones por discriminación de género en México?
La promoción de la igualdad de género en la contratación pública en México se logra mediante políticas de género, el fomento de oportunidades iguales para todas las empresas y la revisión de procesos de licitación para evitar discriminación de género y prevenir sanciones.
¿Pueden las personas con antecedentes penales en México votar en elecciones?
En México, las personas con antecedentes penales pueden votar en elecciones, ya que el derecho al voto se considera un derecho ciudadano fundamental. No se establecen restricciones para las personas con antecedentes penales en ese sentido. El derecho al voto está protegido por la Constitución y se garantiza a todos los ciudadanos, a menos que existan limitaciones específicas, como la pérdida de derechos civiles por sentencia judicial en casos graves.
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