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¿Cuál es la diferencia entre un embargo y una demanda judicial en México?
Un embargo en México implica la retención de bienes o activos como garantía para el pago de una deuda pendiente, mientras que una demanda judicial es un proceso legal mediante el cual una parte demanda a otra ante un tribunal para resolver una disputa. Un embargo es una medida que puede resultar de una demanda exitosa.
¿Qué impacto tiene la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en la gestión de expedientes judiciales en México?
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en México ha tenido un impacto significativo en la gestión de expedientes judiciales al promover la transparencia y el acceso a la información pública. Ha ampliado el acceso a expedientes judiciales en casos de interés público y ha establecido reglas y procedimientos para garantizar la divulgación de información. Esto ha aumentado la rendición de cuentas y la confianza en el sistema de justicia.
¿Qué papel juegan las víctimas en los casos de extradición en México?
Las víctimas pueden participar como parte acusadora en casos de extradición en México, brindando testimonios y pruebas que respalden la solicitud de entrega de los individuos responsables de los delitos cometidos.
¿Cómo se protegen los sistemas de pago móvil en México?
Los sistemas de pago móvil en México se protegen mediante la encriptación de datos, la tokenización de información financiera, la autenticación biométrica y la supervisión constante de las transacciones para detectar y prevenir actividades fraudulentas.
¿Qué sucede si la propiedad arrendada se vende durante el contrato en México?
La venta de la propiedad no afecta el contrato de arrendamiento vigente. El nuevo propietario debe respetar el contrato y las condiciones acordadas hasta la fecha de vencimiento.
¿Qué es la corrupción en el derecho penal mexicano?
La corrupción en el derecho penal mexicano se refiere al abuso de poder o la utilización indebida de recursos públicos con el fin de obtener beneficios personales o favorecer intereses particulares, y constituye un delito que socava la integridad y eficacia del Estado.
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