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¿Qué es el delito de corrupción entre particulares en el derecho penal mexicano?
El delito de corrupción entre particulares en el derecho penal mexicano se refiere a la realización de actos corruptos entre personas o entidades privadas con el fin de obtener beneficios indebidos, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del grado de corrupción y las circunstancias del caso.
¿Qué medidas se han tomado para prevenir el lavado de dinero en el mercado de arte en México?
El mercado de arte en México se ha vuelto más regulado en términos de AML. Las galerías y comerciantes de arte deben cumplir con la debida diligencia y reportar transacciones de alto valor. Esto ayuda a prevenir el uso del arte para ocultar fondos ilícitos.
¿Qué es la pensión alimenticia en México y cómo se calcula?
La pensión alimenticia es una contribución económica destinada al sustento de los hijos o cónyuge que no tiene los recursos necesarios. Su cálculo varía según los ingresos y necesidades de las partes involucradas, y suele ser determinado por el juez.
¿Cuál es el plazo de notificación requerido para la renovación o no renovación del contrato en México?
El plazo de notificación para la renovación o no renovación del contrato en México varía según lo que estipule el contrato y las leyes locales. En general, suele ser de 30 a 90 días antes de la fecha de vencimiento del contrato. Ambas partes deben acordar este plazo en el contrato.
¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho del consumidor en México?
Las principales leyes son la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley General de Salud, la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Servicios Financieros, la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre otras disposiciones específicas relacionadas con el derecho del consumidor.
¿Cómo se garantiza la confidencialidad de expedientes judiciales en casos de protección a testigos en México?
En casos de protección a testigos en México, se aplican medidas especiales para garantizar la confidencialidad de los expedientes judiciales. Se pueden usar seudónimos en lugar de nombres reales y se restringe el acceso a información sensible que pueda identificar a los testigos. La privacidad y seguridad de los testigos es una prioridad para evitar represalias o amenazas.
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