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¿Qué derechos protege el artículo 123 de la Constitución Mexicana?
El artículo 123 de la Constitución Mexicana protege los derechos laborales, incluyendo el derecho a un salario digno, jornada laboral justa, y condiciones laborales seguras y saludables.
¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho de la administración pública en México?
Las principales leyes son la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre otras disposiciones específicas relacionadas con el derecho de la administración pública.
¿Cuál es el papel de la migración en la reducción de la pobreza en México?
La migración puede jugar un papel en la reducción de la pobreza en México al generar ingresos, remesas y oportunidades de empleo para migrantes y sus familias, lo que puede contribuir a mejorar las condiciones de vida, acceso a servicios básicos y desarrollo humano en áreas de origen y destino de los migrantes.
¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho de la gestión de la seguridad vial en México?
Las principales leyes son la Ley de Vialidad y Tránsito, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley de Transporte Público, la Ley General de Salud, la Ley General de Víctimas, entre otras disposiciones específicas relacionadas con el derecho de la gestión de la seguridad vial.
¿Cuál es el impacto de la extradición en la lucha contra el crimen organizado en México?
La extradición puede tener un impacto significativo en la lucha contra el crimen organizado en México al permitir que los delincuentes sean enjuiciados y sancionados en otros países donde se han cometido delitos graves.
¿Cuál es el procedimiento para solicitar una orden de restricción por violencia doméstica en México?
El procedimiento para solicitar una orden de restricción por violencia doméstica en México implica presentar una denuncia ante la autoridad competente, como la Fiscalía o un juez familiar. Se debe proporcionar evidencia de la violencia y argumentar la necesidad de la orden de restricción. El juez evaluará la situación y decidirá si otorgar o no la orden de protección.
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