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¿Cuál es el papel de la evaluación de riesgos en la implementación de KYC en México?
La evaluación de riesgos desempeña un papel central en la implementación de KYC en México al ayudar a las instituciones financieras a determinar el nivel de diligencia debida necesario para cada cliente. Esto garantiza que los recursos se centren en los clientes de mayor riesgo.
¿Cuál es la diferencia entre las sanciones administrativas y las sanciones judiciales para contratistas en México?
Las sanciones administrativas son impuestas por autoridades gubernamentales, como la Secretaría de la Función Pública, y pueden incluir multas y deshabilitación. Las sanciones judiciales son resultado de procesos legales y pueden llevar a penas de prisión.
¿Cuál es la diferencia entre delito federal y delito del fuero común en México?
La diferencia entre delito federal y delito del fuero común en México radica en la competencia para su persecución y juzgamiento: los delitos federales son aquellos que afectan la soberanía, la seguridad o los intereses de la federación, mientras que los delitos del fuero común son aquellos que no están contemplados en la legislación federal y corresponden a la competencia de las autoridades estatales o locales.
¿Cuál es el proceso de establecer una pensión alimenticia en México en casos de padres no casados?
El proceso de establecer una pensión alimenticia en México en casos de padres no casados implica presentar una solicitud ante un juez de lo familiar. El juez evaluará los ingresos y las necesidades del hijo, y establecerá la cantidad de la pensión.
¿Cuál es el proceso para la devolución del depósito de garantía al final del contrato en México?
Al final del contrato, el arrendador debe realizar una inspección de la propiedad y evaluar si hay daños o rentas pendientes. Si no hay problemas, el arrendador debe devolver el depósito de garantía al arrendatario en un plazo especificado en el contrato.
¿Qué es la corrupción en el derecho penal mexicano?
La corrupción en el derecho penal mexicano se refiere al abuso de poder o la utilización indebida de recursos públicos con el fin de obtener beneficios personales o favorecer intereses particulares, y constituye un delito que socava la integridad y eficacia del Estado.
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