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¿Cómo se garantiza la igualdad ante la ley en el sistema de justicia mexicano?
La igualdad ante la ley se garantiza en el sistema de justicia mexicano mediante la prohibición de discriminación por motivos de género, etnia, religión u otras características, así como la aplicación imparcial de la ley sin privilegios ni exclusiones injustificadas.
¿Cómo se pueden impugnar multas o sanciones fiscales en México?
Las multas o sanciones fiscales en México se pueden impugnar presentando recursos y defensas ante el SAT. Si el contribuyente no está satisfecho con la respuesta del SAT, puede recurrir a tribunales fiscales o instancias legales para impugnar las sanciones. El proceso puede ser complejo y generalmente requiere asesoramiento legal.
¿Cuál es la relación de México con los países de la Unión Europea?
México mantiene relaciones diplomáticas y comerciales estrechas con los países de la Unión Europea. Ambas partes colaboran en áreas como el comercio, la cooperación científica y tecnológica, y comparten valores en temas como los derechos humanos y la democracia.
¿Qué papel desempeñan las auditorías internas y externas en el proceso KYC en México?
Las auditorías internas y externas son esenciales en el proceso KYC en México para evaluar el cumplimiento de las instituciones financieras con las regulaciones y directrices de KYC. Ayudan a identificar áreas de mejora y garantizan la integridad del proceso.
¿Qué implica el régimen de bienes en el matrimonio en México?
En México, existen diferentes regímenes de bienes en el matrimonio, como la sociedad conyugal y la separación de bienes. Estos regímenes determinan cómo se administran y dividen los bienes adquiridos durante el matrimonio, así como las deudas y responsabilidades económicas.
¿Se puede embargar un bien que es utilizado como vivienda por una persona física en México?
México En México, existe protección especial para la vivienda de una persona física que es utilizada como residencia principal. En general, la vivienda principal está excluida de embargo, a menos que existan deudas o obligaciones relacionadas directamente con la propia vivienda, como hipotecas o préstamos para su adquisición. Esta protección tiene como objetivo preservar el derecho a la vivienda de las personas y garantizar condiciones mínimas de habitabilidad.
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