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¿Qué es el delito de contratación de trabajadores ilegales en el derecho penal mexicano?
El delito de contratación de trabajadores ilegales en el derecho penal mexicano se refiere a la empleabilidad de personas sin documentación legal para trabajar en el país, y está castigado con penas que van desde multas hasta largas condenas de prisión, dependiendo de la cantidad de trabajadores involucrados y las circunstancias del caso.
¿Los antecedentes judiciales en México son públicos?
Los antecedentes judiciales en México no son de acceso público en su totalidad. Sin embargo, existen instancias y entidades autorizadas que pueden acceder a esta información con fines legales y específicos, como los tribunales, las autoridades de seguridad y algunos empleadores.
¿Puedo utilizar mi pasaporte mexicano como documento de identificación para realizar trámites bancarios en el extranjero?
Sí, el pasaporte mexicano es un documento de identificación ampliamente aceptado para realizar trámites bancarios en el extranjero, especialmente en países donde se requiere identificación para abrir una cuenta o realizar transacciones financieras.
¿Qué es el habeas corpus en el derecho penal mexicano?
El habeas corpus en el derecho penal mexicano es un recurso legal que permite a cualquier persona detenida ilegalmente o de manera arbitraria solicitar su comparecencia ante un juez para que este determine la legalidad de la detención y ordene su liberación si corresponde.
¿Qué es el SAT en México y cuál es su papel en el proceso de cobro de impuestos?
El SAT (Servicio de Administración Tributaria) es la autoridad fiscal en México. Su papel incluye la recaudación y fiscalización de impuestos, así como la gestión de deudores de impuestos.
¿Cuál es el impacto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en el cumplimiento de las empresas que hacen negocios con entidades gubernamentales en México?
La Ley General de Contabilidad Gubernamental en México establece normas de contabilidad y presentación de informes financieros para entidades gubernamentales. Las empresas que hacen negocios con el gobierno deben cumplir con estas normas para garantizar transparencia y rendición de cuentas.
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