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¿Cuáles son las consecuncias legales del delito de discriminación por orientación sexual en México?
La discriminación por orientación sexual, que implica tratar de manera desigual o injusta a una persona debido a su orientación sexual, se considera un delito en México. Las consecuencias legales pueden incluir sanciones penales, la protección de los derechos de las personas y la implementación de medidas para prevenir y sancionar la discriminación. Se promueve la igualdad y el respeto a la diversidad sexual, y se implementan acciones para prevenir y combatir este delito.
¿Qué es la acción de impugnación de herencia en el derecho civil mexicano?
La acción de impugnación de herencia es el derecho que tienen los herederos o terceros interesados para impugnar la validez de una disposición testamentaria o la distribución de los bienes de una herencia.
¿Qué medidas se toman para proteger los sistemas de gestión de riesgos de mercado en las instituciones financieras mexicanas?
Para proteger los sistemas de gestión de riesgos de mercado en las instituciones financieras mexicanas, se utilizan modelos de análisis de riesgos, se diversifican las carteras de inversión, y se establecen límites de exposición para mitigar el impacto de fluctuaciones económicas y eventos adversos en los mercados financieros.
¿Qué es la posesión de buena fe en el derecho civil mexicano?
La posesión de buena fe se da cuando el poseedor cree tener un derecho que justifica su posesión, aunque en realidad no lo tenga.
¿Cómo pueden los padres y tutores mexicanos educar a sus hijos sobre los peligros del fraude por internet?
Los padres y tutores mexicanos pueden educar a sus hijos sobre los peligros del fraude por internet mediante conversaciones abiertas, supervisión de actividades en línea y enseñanza de prácticas de seguridad digital como el cuidado de la información personal y la identificación de estafas en línea.
¿Cómo se garantiza el derecho a un juicio justo en México?
El derecho a un juicio justo en México se garantiza a través del artículo 14 de la Constitución, que establece los principios de legalidad, audiencia, defensa y debido proceso en todos los procedimientos judiciales.
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