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¿Cuál es el impacto de la violencia institucional en el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos en México?
La violencia institucional puede tener un impacto negativo en el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos en México al socavar la confianza en las instituciones, generar impunidad, y perpetuar patrones de discriminación y abuso de poder. Se están implementando medidas para prevenir y sancionar la violencia institucional, así como para fortalecer la rendición de cuentas y transparencia de las instituciones públicas.
¿Cómo se define el riesgo asociado a las PEP en el contexto financiero?
El riesgo asociado a las PEP se define como la probabilidad de que una transacción o relación con una PEP pueda ser utilizada para lavar dinero o cometer actividades ilegales.
¿Cómo ha afectado la migración a la participación política de los migrantes mexicanos en el extranjero?
La migración ha impactado la participación política de los migrantes mexicanos en el extranjero al promover la formación de redes transnacionales y la movilización política en torno a temas de interés común, como los derechos de los migrantes, la reforma migratoria y la representación política en México.
¿Cómo se realiza el trámite de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en México?
La inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en México se efectúa a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Debes presentar una solicitud de inscripción, proporcionar documentación personal y cumplir con los requisitos fiscales correspondientes.
¿Cuál es la diferencia entre el derecho civil y el derecho penal en México?
La diferencia principal radica en que el derecho civil regula las relaciones entre particulares, mientras que el derecho penal se enfoca en regular conductas que atentan contra la sociedad, imponiendo sanciones a quienes las cometan.
¿Qué acciones se están tomando para mejorar el acceso a la justicia para personas en situación de pobreza en México?
Se están implementando acciones para mejorar el acceso a la justicia para personas en situación de pobreza en México, como la ampliación de servicios legales gratuitos o subsidiados, la creación de defensorías públicas especializadas, la promoción de programas de asistencia legal y orientación jurídica, y la sensibilización sobre los derechos y recursos disponibles para personas en situación de vulnerabilidad económica.
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