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El delito de enriquecimiento ilícito de particulares en el derecho penal mexicano se refiere al aumento injustificado del patrimonio de una persona física o jurídica que no puede ser explicado mediante fuentes legítimas de ingresos, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del monto de enriquecimiento y las circunstancias del caso.
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La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es la principal ley que regula este tema en México.
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El proceso para solicitar la extinción de la pensión alimenticia en México implica presentar una solicitud ante un juez familiar. Se deben presentar pruebas y argumentos que demuestren que ha ocurrido un cambio en las circunstancias que justifique la extinción de la pensión, como la independencia económica del beneficiario o el cumplimiento de ciertas condiciones establecidas previamente.
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