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¿Qué es la capacidad de goce en el derecho civil mexicano?
La capacidad de goce se refiere a la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones, independientemente de la capacidad para ejercer esos derechos por sí mismo.
¿Cuál es la diferencia entre la responsabilidad contractual y extracontractual en el derecho civil mexicano?
La responsabilidad contractual se deriva del incumplimiento de un contrato, mientras que la extracontractual proviene de un acto ilícito que causa daño a otra persona.
¿Qué debo hacer si mi cédula de identidad personal se pierde o es robada en México?
Si tu cédula de identidad personal se pierde o es robada en México, debes reportar el incidente de inmediato a las autoridades competentes, como el INE, y seguir los procedimientos para solicitar una reposición de tu identificación.
¿Qué es el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en el derecho penal mexicano?
El delito de trata de personas con fines de explotación sexual en el derecho penal mexicano se refiere a la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas con el propósito de explotarlas sexualmente, y está castigado con penas que van desde largas condenas de prisión hasta la cadena perpetua, dependiendo de la gravedad del delito y las circunstancias del caso.
¿Qué impacto tiene la corrupción en la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia mexicano?
La corrupción en el sistema de justicia mexicano socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones, generando escepticismo sobre la imparcialidad de los jueces, la efectividad de las investigaciones y la aplicación equitativa de la ley, lo cual debilita la legitimidad del sistema judicial.
¿Se puede embargar un bien que es utilizado como vivienda por una persona física en México?
México En México, existe protección especial para la vivienda de una persona física que es utilizada como residencia principal. En general, la vivienda principal está excluida de embargo, a menos que existan deudas o obligaciones relacionadas directamente con la propia vivienda, como hipotecas o préstamos para su adquisición. Esta protección tiene como objetivo preservar el derecho a la vivienda de las personas y garantizar condiciones mínimas de habitabilidad.
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