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¿Cuál es la normativa principal que rige el KYC en México?
En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es la principal normativa que regula el KYC y establece las obligaciones de las instituciones financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
¿Qué es el narcotráfico en el derecho penal mexicano?
El narcotráfico en el derecho penal mexicano se refiere al tráfico, producción, distribución o comercio ilícito de drogas prohibidas, como la marihuana, la cocaína o la metanfetamina, y constituye un delito grave que afecta la salud pública y la seguridad nacional.
¿Cuál es la postura de México respecto al uso de armas biológicas a nivel internacional?
México condena el uso de armas biológicas a nivel internacional y aboga por su prohibición y eliminación total. Participa en tratados y acuerdos internacionales como la Convención sobre Armas Biológicas, que prohíben el desarrollo, producción y almacenamiento de este tipo de armamento, y promueve su plena implementación y cumplimiento por parte de todos los Estados.
¿Cuál es el papel de las evaluaciones de impacto en la privacidad (PIA) en el cumplimiento con las leyes de protección de datos personales en México?
Las PIA son herramientas para evaluar y mitigar los riesgos de privacidad de datos personales en México. Ayudan a identificar y abordar posibles brechas de seguridad y garantizar el cumplimiento con las leyes de protección de datos en el país.
¿Cuáles son los requisitos para la venta de armas y municiones en México?
La venta de armas y municiones en México está altamente regulada y controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y debe cumplir con estrictos requisitos de seguridad y licencias.
¿Qué medidas se están tomando para fortalecer la protección de los derechos de las personas con discapacidad intelectual en el sistema de justicia mexicano?
Se están implementando medidas para fortalecer la protección de los derechos de las personas con discapacidad intelectual en el sistema de justicia mexicano, como la capacitación de operadores judiciales en enfoque de discapacidad, la adaptación de procedimientos y servicios a sus necesidades, y la promoción de su participación y autonomía en los procesos judiciales.
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