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¿Cuáles son las consecuencias legales del fraude al consumidor en México?
El fraude al consumidor, que implica engañar o estafar a los consumidores en la compra de bienes o servicios, se considera un delito en México. Las penas por fraude al consumidor pueden incluir sanciones penales, multas y la obligación de reparar los daños causados a los consumidores. Se promueve la protección de los derechos de los consumidores y se implementan acciones de prevención y sanción del fraude.
¿Cómo se gestionan los riesgos de incumplimiento relacionados con la seguridad y salud en el trabajo en empresas mexicanas?
La gestión de riesgos de incumplimiento de seguridad y salud en el trabajo implica la identificación de peligros, la implementación de programas de prevención, la capacitación del personal y la evaluación continua del cumplimiento con regulaciones como la Ley Federal del Trabajo y la NOM-035-STPS.
¿Cómo se regula la venta de bienes en remate de aduanas en México?
La venta de bienes en remate de aduanas en México se realiza a través de subastas aduanales, y las regulaciones aduaneras y fiscales establecen los procedimientos y requisitos aplicables.
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el lavado de activos en el sector de la educación y las instituciones académicas en México?
En el sector de la educación y las instituciones académicas, se promueve la identificación de estudiantes y la supervisión de transacciones financieras para prevenir el uso de estas instituciones en el lavado de activos.
¿Cuál es el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en México?
La Comisión Federal de Electricidad es una empresa estatal mexicana encargada de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en el país. Su objetivo principal es asegurar el suministro de electricidad a nivel nacional, así como promover el desarrollo de proyectos energéticos.
¿Qué agencias gubernamentales en México son responsables de imponer sanciones a contratistas?
En México, varias agencias gubernamentales pueden imponer sanciones a contratistas, incluyendo la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otras.
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