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¿Cuáles son los requisitos para realizar una división de bienes en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen el acuerdo entre los cónyuges o, en caso de desacuerdo, la intervención de un juez para determinar la división justa de los bienes.
¿Cuál es el plazo para ejercer el derecho de retracto en México?
El plazo para ejercer el derecho de retracto es de cinco días hábiles a partir de la entrega del bien o la celebración del contrato, según lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
¿Puede el arrendatario realizar mejoras en la propiedad y deducirlas del pago de renta en México?
Si el arrendatario realiza mejoras significativas en la propiedad que fueron acordadas con el arrendador, podría negociar un ajuste en el pago de renta o un acuerdo para deducir el costo de las mejoras. Esto debe especificarse claramente en el contrato.
¿Cuál es el impacto del fraude por internet en la confianza del consumidor en los servicios financieros digitales en México?
El fraude por internet puede afectar la confianza del consumidor en los servicios financieros digitales en México al generar preocupaciones sobre la seguridad y la protección de la información financiera personal, lo que puede disuadir a las personas de utilizar estos servicios en línea.
¿Cuál es el papel de la Secretaría de la Función Pública en la promoción de la transparencia en los procesos de contratación pública en México?
La Secretaría de la Función Pública tiene un papel importante en la promoción de la transparencia en los procesos de contratación pública en México. Su función es supervisar y regular la contratación de bienes, obras y servicios por parte del gobierno, promoviendo la competencia, la eficiencia y la transparencia en dichos procesos.
¿Cuáles son las consecuencias legales de la desobediencia civil en México?
La desobediencia civil se refiere a la resistencia activa y pacífica de las personas ante leyes o acciones gubernamentales consideradas injustas. En México, la desobediencia civil puede tener consecuencias legales, como detenciones, multas o sanciones penales dependiendo de la situación específica. La ley reconoce el derecho a la protesta pacífica, pero también establece límites para garantizar la seguridad y el orden público.
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