MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ESTRADA - 9961348

Perfil del profesionista Miguel Ángel García Estrada - 9961348

Cédula Profesional 9961348
Carrera LICENCIATURA EN MÉDICO CIRUJANO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA, CAMPUS TABASCO
Estado TABASCO
País MÉXICO
Año 2016

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¿Qué pasa si el deudor alimentario en México se niega a pagar la pensión alimenticia argumentando que los beneficiarios no están cumpliendo con las visitas programadas o el régimen de convivencia?

Si el deudor alimentario se niega a pagar la pensión alimenticia en México argumentando que los beneficiarios no están cumpliendo con las visitas programadas o el régimen de convivencia, esta es una disputa común en casos de pensión alimenticia. En general, el incumplimiento de visitas o el régimen de convivencia no justifica la falta de cumplimiento de la pensión alimenticia. El tribunal considerará ambas cuestiones por separado. Los beneficiarios pueden tener razones legítimas para no cumplir con las visitas programadas, como cuestiones de seguridad o bienestar. Si el deudor tiene preocupaciones legítimas sobre el incumplimiento de visitas, debe presentar pruebas y argumentos al tribunal, pero esto no exime su responsabilidad de cumplir con la orden de alimentos.

¿Qué es el derecho a la justicia en México?

El derecho a la justicia garantiza el acceso igualitario y efectivo a la justicia, la imparcialidad de los órganos jurisdiccionales, la presunción de inocencia, el debido proceso y la reparación del daño en caso de violación de derechos.

¿Cuál es el proceso de resolución de disputas en contratos comerciales en México?

La resolución de disputas en contratos comerciales en México puede llevarse a cabo a través de litigios judiciales o arbitraje. Si las partes han incluido una cláusula de arbitraje en su contrato, el caso se somete a un tribunal arbitral privado en lugar de un tribunal judicial. En ausencia de una cláusula de arbitraje, las partes pueden llevar la disputa a un tribunal comercial. La elección entre litigios y arbitraje depende de la voluntad de las partes y las disposiciones contractuales.

¿Cuáles son las implicaciones legales del delito de hostigamiento en México?

El hostigamiento, que implica acosar, perseguir o intimidar de manera repetida a una persona, se considera un delito en México. Las implicaciones legales pueden incluir sanciones penales, órdenes de restricción para el hostigador y la protección de la víctima. Se promueve el respeto y la seguridad de las personas, y se implementan acciones para prevenir y sancionar el hostigamiento.

¿Cómo se resuelven los casos de abuso sexual infantil en México?

Los casos de abuso sexual infantil en México son tratados con la máxima seriedad. Las víctimas de abuso sexual infantil pueden presentar denuncias ante la fiscalía local o la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Se brinda apoyo y protección a las víctimas, y se realizan investigaciones para reunir pruebas. Los casos de abuso sexual infantil pueden involucrar violencia física, abuso sexual o explotación sexual de menores. La prioridad es la seguridad y el bienestar de los niños, y se busca garantizar que los abusadores sean llevados ante la justicia. Además, México ha implementado leyes y mecanismos específicos para proteger a los niños de la violencia y el abuso.

¿Cuál es la protección legal de los derechos de las personas en situación de violencia por motivos de género en el ámbito de la igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia electoral en México?

México La protección de los derechos de las personas en situación de violencia por motivos de género en el ámbito de la igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia electoral es una prioridad en México. Existen leyes y políticas que buscan garantizar la participación igualitaria de las mujeres y personas de género diverso en los procesos electorales, prevenir y sancionar la violencia de género en este ámbito, y proporcionar mecanismos de protección y seguridad para las víctimas. Se fortalecen los mecanismos de denuncia y atención a las víctimas, se promueve la capacitación en perspectiva de género y derechos políticos, se establecen medidas de protección para las personas que sufren violencia por motivos de género en el ámbito electoral, y se fomenta la rendición de cuentas y la transparencia en los procesos electorales para garantizar un entorno libre de violencia y discriminación.

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