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¿Qué es el derecho de la salud en México?
El derecho de la salud regula el acceso, la prestación y la calidad de los servicios de salud en México, garantizando el derecho a la protección de la salud, la seguridad social y la atención médica de la población.
¿Qué es la restitución de un menor sustraído ilícitamente en México y cómo se solicita?
La restitución de un menor sustraído ilícitamente en México es el proceso legal para devolver al menor a su lugar de residencia habitual cuando ha sido trasladado o retenido sin consentimiento fuera de dicho lugar. Se solicita a través de una demanda ante un juez familiar, presentando pruebas de la sustracción ilícita y la residencia habitual del menor. Se seguirán los procedimientos establecidos por la legislación nacional y los tratados internacionales aplicables.
¿Cuáles son los sectores vulnerables al lavado de dinero en México?
México En México, los sectores que suelen ser más vulnerables al lavado de dinero incluyen el sector financiero, el inmobiliario, el comercio internacional, los casinos y casas de apuestas, así como actividades profesionales y comerciales no financieras que involucran grandes flujos de efectivo, como joyerías y galerías de arte.
¿Qué es la atenuante de confesión en el derecho penal mexicano?
La atenuante de confesión en el derecho penal mexicano es una circunstancia que puede disminuir la pena impuesta al acusado cuando este reconoce su culpabilidad de manera voluntaria y colabora con la investigación del delito.
¿Cómo se obtiene un registro sanitario para productos en México?
Para obtener un registro sanitario para productos en México, debes presentar una solicitud ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), proporcionar documentación relacionada con el producto y cumplir con los requisitos específicos.
¿Qué es el delito de atentado contra la paz pública en el derecho penal mexicano?
El delito de atentado contra la paz pública en el derecho penal mexicano se refiere a cualquier acción que perturbe, altere o ponga en peligro el orden público, la tranquilidad ciudadana o el funcionamiento regular de las instituciones y servicios públicos, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo de la gravedad del atentado y sus consecuencias.
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