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¿Qué es el delito de atentado contra la autoridad en el derecho penal mexicano?
El delito de atentado contra la autoridad en el derecho penal mexicano se refiere a cualquier acción que ponga en peligro la vida, integridad física o libertad de un funcionario público en ejercicio de sus funciones, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo de la gravedad del atentado y las consecuencias para la autoridad afectada.
¿Qué es la acción de simulación en el derecho civil mexicano?
La acción de simulación es el derecho que tiene una persona para impugnar un acto jurídico que aparenta ser válido, pero que en realidad no tiene efectos legales por haber sido realizado con fraude.
¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y cuál es su relación con las regulaciones de PEP en México?
El GAFI es una organización internacional que establece estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. México, como miembro del GAFI, adopta sus recomendaciones y estándares en sus regulaciones de PEP.
¿Cuál es la relación entre el registro de marcas y patentes y los antecedentes fiscales en México?
El registro de marcas y patentes en México puede tener un impacto positivo en los antecedentes fiscales, ya que puede representar un activo intangible valioso para una empresa. Cumplir con las regulaciones y proteger la propiedad intelectual puede fortalecer la posición financiera y fiscal de la empresa.
¿Qué regulaciones aplican a la venta de bienes con fines de donación en México?
La venta de bienes con fines de donación en México debe cumplir con regulaciones de donaciones y recibir la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en ciertos casos.
¿Cuál es el procedimiento para solicitar la guarda y custodia de un menor en casos de violencia doméstica en México?
El proceso para solicitar la guarda y custodia de un menor en casos de violencia doméstica en México implica presentar una demanda ante un juez familiar. Se deben presentar pruebas y argumentos que demuestren la existencia de violencia doméstica y que la solicitud de guarda y custodia es en el mejor interés del menor. El juez evaluará la solicitud y tomará una decisión basada en el interés superior del menor y en su protección.
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