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¿Qué es el delito de atentado contra la paz pública en el derecho penal mexicano?
El delito de atentado contra la paz pública en el derecho penal mexicano se refiere a cualquier acción que perturbe, altere o ponga en peligro el orden público, la tranquilidad ciudadana o el funcionamiento regular de las instituciones y servicios públicos, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo de la gravedad del atentado y sus consecuencias.
¿Cuál es el plazo máximo de la prisión preventiva en el derecho penal mexicano?
El plazo máximo de la prisión preventiva en el derecho penal mexicano es de dos años, aunque puede ser prorrogado en casos excepcionales debidamente justificados.
¿Cuáles son las implicaciones legales del delito de contrabando en México?
El contrabando, que implica la importación o exportación ilegal de bienes o mercancías sin pagar los impuestos o sin cumplir las regulaciones aduaneras, se considera un delito en México. Las penas por contrabando pueden incluir sanciones penales, multas y la confiscación de los bienes ilegales. Se promueve el cumplimiento de las leyes aduaneras y el combate al contrabando para proteger la economía y los intereses nacionales.
¿Qué es el derecho de la responsabilidad civil en México?
El derecho de la responsabilidad civil regula la obligación de reparar los daños causados a terceros, ya sea por acción u omisión, estableciendo las condiciones, requisitos y procedimientos para exigir la indemnización de perjuicios derivados de actos ilícitos, contratos, riesgos o actividades peligrosas.
¿Cuáles son las obligaciones de las partes en contratos de venta de bienes con restricciones de exportación tecnológica en México?
En contratos de venta con restricciones de exportación tecnológica, las partes deben acordar términos y requisitos específicos para la exportación y cumplir con regulaciones de control de exportación.
¿Qué agencias o instituciones gubernamentales en México están encargadas de supervisar y aplicar las regulaciones relacionadas con las PEP?
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) son algunas de las principales agencias responsables de supervisar y aplicar las regulaciones relacionadas con las PEP en México.
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