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¿Qué es el delito de fraude telefónico en el derecho penal mexicano?
El delito de fraude telefónico en el derecho penal mexicano se refiere a la realización de estafas o engaños a través de llamadas telefónicas, con el fin de obtener información confidencial, datos personales o dinero de las víctimas, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo de la gravedad del fraude y las circunstancias del caso.
¿Cuáles son los requisitos para ejercer la acción de reclamación de alimentos en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen demostrar la relación de parentesco, la necesidad de alimentos por parte del reclamante y la capacidad económica del obligado para proporcionarlos.
¿Qué es el delito de secuestro exprés en el derecho penal mexicano?
El delito de secuestro exprés en el derecho penal mexicano se refiere a la privación ilegal de la libertad de una persona por un breve período de tiempo, con el fin de obtener un rescate u otro beneficio económico de forma rápida, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo de la gravedad del secuestro y las circunstancias del hecho.
¿Cuál es la función de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México en la lucha contra el lavado de activos?
La UIF es la entidad encargada de prevenir y combatir el lavado de activos en México. Supervisa las transacciones financieras y reporta actividades sospechosas a las autoridades correspondientes.
¿Cuál es la ley principal que regula la identificación y seguimiento de las PEP en México?
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es la principal ley que regula este tema en México.
¿Cuáles son las consecuencias legales del delito de fraude al consumidor en México?
El fraude al consumidor, que implica prácticas engañosas o fraudulentas en la venta de bienes o servicios, se considera un delito en México. Las consecuencias legales pueden incluir sanciones administrativas y penales, multas, la obligación de reparar los daños causados y la imposición de medidas correctivas en favor de los consumidores afectados. Se promueve la protección de los derechos de los consumidores y se implementan acciones para prevenir y sancionar el fraude al consumidor.
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