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¿Cómo pueden las PEP en México demostrar que sus activos y transacciones son legales y transparentes?
Las PEP pueden demostrar la legalidad de sus activos y transacciones a través de una documentación completa, auditorías financieras y la cooperación con las autoridades para aclarar cualquier inquietud.
¿Qué agencias gubernamentales en México son responsables de imponer sanciones a contratistas?
En México, varias agencias gubernamentales pueden imponer sanciones a contratistas, incluyendo la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otras.
¿Qué es el Esquema de Certificación de Proveedores de Servicios Digitales en México y su relación con los antecedentes fiscales?
El Esquema de Certificación de Proveedores de Servicios Digitales es un programa que busca certificar la validez de los servicios digitales en México. Mantener buenos antecedentes fiscales es fundamental para obtener y mantener esta certificación, lo que puede ser un requisito para proveedores de servicios digitales.
¿Cuál es la relación entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la identificación en México?
El INEGI es responsable de recopilar y mantener datos estadísticos y geográficos en México. Aunque no emite documentos de identificación, su labor es esencial para mantener registros precisos que se utilizan en documentos como la CURP y en la planificación y desarrollo de políticas públicas.
¿Qué es el delito de portación de arma prohibida en el derecho penal mexicano?
El delito de portación de arma prohibida en el derecho penal mexicano se refiere a la posesión o transporte de armas de fuego, blancas u otros instrumentos prohibidos por la ley, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del tipo de arma y las circunstancias del caso.
¿Qué es el delito de sustracción de menores en el derecho penal mexicano?
El delito de sustracción de menores en el derecho penal mexicano se refiere a la acción de llevarse, retener o ocultar a un niño o niña sin el consentimiento de sus padres o tutores legales, con el fin de privarlos de su custodia o utilizarlos para fines ilícitos, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo de la gravedad del delito y las circunstancias de la sustracción.
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