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¿Cuáles son los principales desafíos en materia de seguridad en México?
México enfrenta diversos desafíos en materia de seguridad, como la lucha contra el crimen organizado, la violencia relacionada con el narcotráfico, la delincuencia común y la protección de los derechos humanos. El gobierno trabaja en fortalecer las instituciones de seguridad, mejorar la coordinación entre autoridades y promover la prevención del delito.
¿Cuáles son los requisitos para ejercer la acción de rescate de bienes en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen demostrar la ilegitimidad o fraudulentz de la venta o gravamen, y ejercer la acción dentro del plazo establecido por la ley.
¿Qué medidas se están tomando para combatir la impunidad en casos de violaciones graves a los derechos humanos en México?
Se están implementando medidas para combatir la impunidad en casos de violaciones graves a los derechos humanos en México, como la creación de fiscalías especializadas, la colaboración con organismos internacionales de derechos humanos, la adopción de protocolos de investigación y juzgamiento, y la protección de testigos y víctimas.
¿Cuál es el impacto de la falta de retención y entero de impuestos en las empresas en México?
La falta de retención y entero de impuestos, como el ISR o el IVA, puede resultar en sanciones y problemas con los antecedentes fiscales de las empresas en México. Las empresas están obligadas a retener impuestos de sus empleados y proveedores y remitirlos a las autoridades fiscales en plazos establecidos.
¿Qué consecuencias puede tener el incumplimiento normativo en México?
El incumplimiento normativo en México puede resultar en multas, sanciones, responsabilidad legal y, en casos graves, la suspensión o revocación de licencias comerciales. Además, puede afectar la reputación y la confianza del público.
¿Qué es el delito de atentado contra la paz pública en el derecho penal mexicano?
El delito de atentado contra la paz pública en el derecho penal mexicano se refiere a cualquier acción que perturbe, altere o ponga en peligro el orden público, la tranquilidad ciudadana o el funcionamiento regular de las instituciones y servicios públicos, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo de la gravedad del atentado y sus consecuencias.
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