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¿Cuál es la situación de la justicia para migrantes en México?
La justicia para migrantes en México enfrenta desafíos relacionados con la protección de sus derechos humanos, el acceso a servicios legales y de representación, así como la coordinación entre autoridades locales y federales para atender casos transfronterizos y garantizar un trato digno a los migrantes.
¿Cómo se aborda el riesgo de lavado de dinero en las instituciones de microfinanzas en México?
Las instituciones de microfinanzas en México también deben cumplir con las regulaciones AML. Esto implica realizar debida diligencia en la identificación de clientes, reportar operaciones sospechosas y mantener registros adecuados para mitigar el riesgo de lavado de dinero.
¿Qué instituciones en México están obligadas a verificar las listas de riesgos?
En México, instituciones como bancos, casas de bolsa, notarios públicos, agencias de valores y otras entidades financieras están obligadas a verificar las listas de riesgos. También, empresas no financieras como casinos, agentes aduanales y concesionarios de vehículos deben cumplir con estas obligaciones.
¿Cuál es el proceso para solicitar un registro de diseño industrial en México?
El proceso para solicitar un registro de diseño industrial en México se efectúa a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Debes presentar una solicitud de registro, pagar una tarifa y proporcionar documentación y dibujos que describan el diseño industrial, cumpliendo con los requisitos establecidos.
¿Qué requisitos deben cumplir las instituciones financieras para tratar con PEP?
Las instituciones financieras deben implementar medidas de debida diligencia reforzada, como la identificación de beneficiarios finales y el monitoreo continuo de las transacciones de las PEP.
¿Qué acciones se están tomando para prevenir y sancionar la trata de personas en México?
Se están implementando acciones para prevenir y sancionar la trata de personas en México, como la promulgación de leyes y protocolos específicos, la capacitación de autoridades y operadores judiciales, la sensibilización sobre este delito, la creación de redes de cooperación y denuncia, y la atención integral a víctimas mediante programas de protección, atención médica, psicológica y reintegración social.
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