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El delito de tráfico de personas en el derecho penal mexicano se refiere a la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas mediante el uso de violencia, engaño o abuso de poder, con el fin de explotarlas sexual o laboralmente, y está castigado con penas que van desde multas hasta largas condenas de prisión, dependiendo del tipo de explotación y las circunstancias del delito.
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La calificación jurídica en el derecho penal mexicano es la determinación legal de los elementos constitutivos de un delito y de la responsabilidad penal del acusado, realizada por el juez con base en las pruebas y argumentos presentados durante el proceso.
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La debida diligencia reforzada tiene como objetivo garantizar que las instituciones financieras tomen precauciones adicionales al tratar con PEP para prevenir el lavado de dinero y la corrupción.
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