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¿Cuáles son las implicaciones legales del daño a la propiedad ajena en México?
El daño a la propiedad ajena, que implica la destrucción o deterioro de bienes pertenecientes a terceros, se considera un delito en México. Las penas por daño a la propiedad ajena pueden incluir sanciones penales, multas y la obligación de reparar los daños causados. Se promueve el respeto a la propiedad privada y se implementan medidas para prevenir y sancionar el daño a la propiedad ajena.
¿Cuáles son las consecuencias legales del delito de incitación a la violencia en México?
La incitación a la violencia, que implica promover o instigar actos violentos contra personas o propiedades, se considera un delito en México. Las consecuencias legales pueden incluir sanciones penales, la protección de la seguridad ciudadana y la implementación de medidas para prevenir y sancionar la incitación a la violencia. Se promueve la convivencia pacífica y se implementan acciones para prevenir y abordar este delito.
¿Cómo se supervisan las organizaciones no gubernamentales (ONG) en relación con las PEP en México?
Las ONG también pueden ser objeto de regulaciones y supervisión si están involucradas en actividades financieras que podrían estar relacionadas con PEP o lavado de dinero.
¿Cómo se regula la venta de bienes y servicios relacionados con el transporte público y privado en México?
La venta de bienes y servicios relacionados con el transporte público y privado en México está regulada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la PROFECO, garantizando la seguridad y transparencia en el servicio de transporte.
¿Qué es el dumping en el derecho comercial mexicano?
El dumping es una práctica de competencia desleal en la que una empresa vende sus productos en el mercado extranjero a un precio inferior al de su costo de producción, con el objetivo de eliminar a la competencia y dominar el mercado.
¿Puede una persona con antecedentes penales en México solicitar el derecho al olvido de sus registros?
En México, no existe una disposición específica que otorgue a las personas el derecho al olvido de sus registros de antecedentes penales. Sin embargo, las personas pueden buscar la cancelación o modificación de sus antecedentes judiciales bajo ciertas circunstancias específicas, como la rehabilitación o el cumplimiento de ciertos requisitos legales. La posibilidad de lograrlo depende de factores específicos del caso y de las leyes aplicables.
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