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¿Qué es el delito de colusión en el derecho penal mexicano?
El delito de colusión en el derecho penal mexicano se refiere al acuerdo ilegal entre personas o empresas para realizar prácticas desleales, manipular precios, restringir la competencia o evadir impuestos, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del grado de colusión y las consecuencias para la economía o el mercado.
¿Cuál es el proceso para solicitar una visa de estudiante de idioma en México?
Para solicitar una visa de estudiante de idioma en México, debes acudir al consulado o embajada mexicana en tu país. Debes presentar una carta de aceptación de una institución educativa para estudios de idioma, demostrar solvencia económica y cumplir con los requisitos específicos.
¿Qué es la acción de impugnación de régimen de visitas en el derecho civil mexicano?
La acción de impugnación de régimen de visitas es el derecho que tiene un progenitor para impugnar las condiciones o frecuencia de las visitas establecidas por el juez.
¿Qué es el delito de maltrato institucional en el derecho penal mexicano?
El delito de maltrato institucional en el derecho penal mexicano se refiere a cualquier forma de abuso, negligencia o trato inhumano que se ejerce sobre personas que se encuentran bajo la protección o responsabilidad de instituciones públicas o privadas, como residencias de ancianos, centros de menores o instituciones psiquiátricas, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del grado de maltrato y las consecuencias para los afectados.
¿Qué medidas de seguridad y confidencialidad deben implementar las instituciones financieras al tratar con información de PEP?
Las instituciones financieras deben implementar medidas de seguridad y confidencialidad para proteger la información sensible de las PEP y garantizar que no sea accesible para personas no autorizadas.
¿Qué diferencias existen entre sanciones civiles y penales para contratistas en México?
Las sanciones civiles se refieren a multas y sanciones económicas, mientras que las sanciones penales pueden llevar a procesos legales y penas de prisión para contratistas que han cometido delitos graves en sus operaciones.
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