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El artículo 18 de la Constitución Mexicana protege los derechos de las personas en materia de detención, estableciendo que esta debe ser conforme a los procedimientos legales y respetando sus derechos humanos.
¿Cuáles son los requisitos para realizar una expropiación en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen la declaración de utilidad pública o social del bien a expropiar, el pago de una indemnización justa y el respeto a los derechos de los propietarios afectados.
¿Qué es el delito de omisión de denuncia en el derecho penal mexicano?
El delito de omisión de denuncia en el derecho penal mexicano se refiere a la falta de notificar a las autoridades competentes sobre la comisión de un delito, siendo testigo o teniendo conocimiento de ello, y está castigado con penas que van desde multas hasta largas condenas de prisión, dependiendo de la gravedad del delito no denunciado y las circunstancias del
¿Qué es el derecho de la gestión del riesgo de desastres en México?
El derecho de la gestión del riesgo de desastres regula las relaciones jurídicas derivadas de la prevención, preparación, respuesta y reconstrucción frente a desastres naturales y emergencias, estableciendo normativas para reducir la vulnerabilidad, proteger a la población y los bienes, y fortalecer la resiliencia frente a eventos catastróficos.
¿Cuáles son los efectos del lavado de activos en la seguridad y estabilidad social en México?
El lavado de activos puede tener efectos negativos en la seguridad y estabilidad social al financiar actividades delictivas y erosionar la confianza en las instituciones. Combatir el lavado es crucial para mantener la seguridad y el bienestar en el país.
¿Cuál es el marco legal que respalda la identificación y seguimiento de Personas expuestas políticamente en México?
México El marco legal que respalda la identificación y seguimiento de Personas Expuestas Políticamente en México incluye la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado), la cual establece las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la debida diligencia, el reporte de operaciones sospechosas y la cooperación con las autoridades competentes.
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