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¿Cuáles son las principales leyes y regulaciones contra el lavado de dinero en México?
México En México, las principales leyes y regulaciones contra el lavado de dinero son la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores y la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, entre otras.
¿Qué es el arraigo en el sistema legal mexicano?
El arraigo es una medida cautelar que permite a las autoridades retener a un sospechoso durante un período determinado sin presentar cargos formales. Se utiliza en investigaciones complejas y está sujeta a regulaciones estrictas.
¿Qué es la acción de anulación de matrimonio en el derecho civil mexicano?
La acción de anulación de matrimonio es el procedimiento legal para declarar la nulidad de un matrimonio que adolece de vicios o defectos que lo hacen inválido desde su celebración.
¿Qué es el delito de fraude electrónico en el derecho penal mexicano?
El delito de fraude electrónico en el derecho penal mexicano se refiere a la realización de estafas o engaños utilizando medios electrónicos, como el correo electrónico, páginas web o aplicaciones móviles, con el fin de obtener información confidencial, datos personales o dinero de las víctimas, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo de la gravedad del fraude y las circunstancias del caso.
¿Qué es la acción de impugnación de testamento en el derecho civil mexicano?
La acción de impugnación de testamento es el derecho que tienen los herederos o terceros interesados para impugnar la validez de un testamento por vicios o defectos que lo hacen inválido.
¿Cómo pueden las empresas en México cumplir con regulaciones de accesibilidad y diseño universal en instalaciones y servicios públicos, especialmente en lo que respecta a la inclusión de personas con discapacidad?
Para cumplir con regulaciones de accesibilidad y diseño universal en México, las empresas deben adaptar sus instalaciones y servicios públicos para satisfacer las normas de accesibilidad para personas con discapacidad. Esto incluye la eliminación de barreras arquitectónicas, la señalización adecuada y el cumplimiento de la Norma Mexicana de Accesibilidad para Personas con Discapacidad. El incumplimiento puede dar lugar a demandas por discriminación y problemas de reputación.
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