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¿Puede un empleador en México tomar decisiones de contratación basadas en antecedentes judiciales sin el consentimiento del solicitante?
En México, la toma de decisiones de contratación basadas en antecedentes judiciales generalmente requiere el consentimiento del solicitante. Un empleador debe obtener el consentimiento del candidato para llevar a cabo una verificación de antecedentes. El solicitante tiene derecho a ser informado sobre la verificación y a proporcionar o denegar su consentimiento.
¿Cuál es el papel de la Fiscalía General de la República en la protección de los derechos humanos en México?
La Fiscalía General de la República tiene el papel de investigar y perseguir delitos de competencia federal en México, incluyendo aquellos relacionados con violaciones a los derechos humanos, así como de garantizar la reparación del daño a víctimas y la prevención de la impunidad.
¿Cómo funciona el sistema penitenciario en México?
El sistema penitenciario mexicano alberga a personas condenadas por delitos y busca su rehabilitación. Sin embargo, enfrenta desafíos como el hacinamiento y la violencia. Se están implementando reformas para mejorar las condiciones carcelarias.
¿Cuál es el impacto de la extradición en la percepción de la cooperación internacional en México?
La extradición puede fortalecer la percepción de la cooperación internacional en México al demostrar la disposición del país para colaborar con otros Estados en la lucha contra el crimen transnacional y la impunidad.
¿Cuáles son las diferencias entre un embargo judicial y un embargo administrativo en México?
Un embargo judicial en México se produce como resultado de una resolución emitida por un tribunal o juez, generalmente en casos civiles o laborales. En cambio, un embargo administrativo es ordenado por autoridades gubernamentales o fiscales, como el SAT, para el cobro de deudas fiscales o administrativas. Las leyes y procedimientos varían entre ambos tipos de embargos.
¿Qué es el derecho de la vivienda en México?
El derecho de la vivienda regula el acceso a una vivienda digna y adecuada, estableciendo normativas para la construcción, financiamiento, subsidios, arrendamiento, regularización y protección jurídica de la propiedad habitacional, así como para la prevención y solución de problemas de vivienda.
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