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¿Pueden las empresas realizar verificaciones de antecedentes sin el consentimiento del candidato en México?
No, en México es obligatorio obtener el consentimiento por escrito del candidato antes de realizar cualquier verificación de antecedentes. Realizar una verificación sin el consentimiento del candidato podría ser ilegal y violar las leyes de protección de datos personales. Además, es importante proporcionar al candidato la oportunidad de revisar y aprobar la información recopilada, así como de corregir cualquier inexactitud.
¿Qué medidas se han tomado en México para fortalecer la supervisión del AML en el sector financiero?
México ha implementado medidas como la revisión de políticas internas de AML, la capacitación de empleados, la identificación de PEPs (Personas Expuestas Políticamente) y la realización de auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de las regulaciones AML en las instituciones financieras.
¿Cuáles son los motivos más comunes para solicitar un embargo en México?
México En México, los motivos más comunes para solicitar un embargo incluyen el incumplimiento de un contrato, el impago de una deuda, el incumplimiento de obligaciones fiscales o la existencia de un juicio en curso donde se requiere asegurar el patrimonio del demandado.
¿Cuáles son los motivos más comunes para un embargo en México?
Los motivos más comunes para un embargo en México incluyen el incumplimiento de pagos de deudas, ya sea de préstamos, facturas no pagadas, deudas fiscales, y otras obligaciones financieras. Además, un embargo puede ser solicitado en casos de incumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas.
¿Qué es la acción de deslinde en el derecho civil mexicano?
La acción de deslinde es el procedimiento legal mediante el cual se determinan los linderos o límites de un terreno respecto a los terrenos colindantes.
¿Qué medidas se están tomando para mejorar la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el sistema de justicia mexicano?
Se están implementando medidas para mejorar la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el sistema de justicia mexicano, como la promoción de leyes y políticas de inclusión, la capacitación de operadores judiciales en enfoque de derechos humanos, la adaptación de instalaciones y servicios a sus necesidades, y la sensibilización de la sociedad sobre la importancia de la inclusión y la no discriminación.
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