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¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y cuál es su relación con las regulaciones de PEP en México?
El GAFI es una organización internacional que establece estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. México, como miembro del GAFI, adopta sus recomendaciones y estándares en sus regulaciones de PEP.
¿Qué es la acción de simulación en el derecho civil mexicano?
La acción de simulación es el derecho que tiene una persona para impugnar un acto jurídico que aparenta ser válido, pero que en realidad no tiene efectos legales por haber sido realizado con fraude.
¿Puedo utilizar mi cédula de identidad personal como documento de identificación para obtener servicios de telefonía móvil en México?
Sí, la cédula de identidad personal puede ser utilizada como documento de identificación válido para obtener servicios de telefonía móvil en México, junto con otros requisitos y contratos establecidos por el proveedor de servicios.
¿Cómo se promueve la transparencia en la contratación pública como medida preventiva de sanciones en México?
La promoción de la transparencia en la contratación pública en México se logra mediante la publicación de información sobre licitaciones, adjudicaciones y contratos, lo que permite a las partes interesadas supervisar y evaluar el proceso de manera abierta.
¿Cuál es el impacto de la migración en la cohesión social en México?
La migración puede impactar la cohesión social en México al influir en las relaciones interculturales, la convivencia comunitaria y la integración de migrantes y sus familias en la sociedad, lo que puede contribuir a fortalecer el sentido de pertenencia, la solidaridad y el respeto a la diversidad en el país.
¿Cuáles son las consecuencias legales de la desobediencia civil en México?
La desobediencia civil se refiere a la resistencia activa y pacífica de las personas ante leyes o acciones gubernamentales consideradas injustas. En México, la desobediencia civil puede tener consecuencias legales, como detenciones, multas o sanciones penales dependiendo de la situación específica. La ley reconoce el derecho a la protesta pacífica, pero también establece límites para garantizar la seguridad y el orden público.
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