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¿Cómo se regulan los contratos de venta de bienes de consumo duradero, como electrodomésticos, en México?
Los contratos de venta de bienes de consumo duradero en México están regulados por la Ley Federal de Protección al Consumidor, que establece derechos y garantías para los consumidores.
¿Cuáles son las penas por asalto en México?
El asalto se encuentra tipificado en el Código Penal mexicano y las penas pueden variar dependiendo de la gravedad del delito. La ley contempla diferentes agravantes, como el uso de armas de fuego o la participación de bandas organizadas, lo cual puede aumentar la pena. Las penas pueden ir desde multas hasta años de prisión, dependiendo de las circunstancias específicas del caso.
¿Cuál es el impacto de la falta de políticas de seguridad de la información en las empresas en México?
La falta de políticas de seguridad de la información puede tener un impacto negativo en las empresas en México al dejarlas vulnerables a violaciones de datos, pérdida de propiedad intelectual y daños a la reputación, lo que puede resultar en pérdidas financieras y la pérdida de la confianza del cliente.
¿Cuál es la relación entre la migración y el turismo en México?
La migración puede estar relacionada con el turismo en México al influir en los flujos de viajeros, la demanda de servicios turísticos, y la promoción de destinos turísticos en áreas de origen y destino de los migrantes, lo que puede contribuir al desarrollo económico, la diversificación de la oferta turística y la promoción del patrimonio cultural y natural del país.
¿Cómo se manejan las relaciones comerciales entre PEP en México y empresas en las que tienen participación o interés?
Las relaciones comerciales entre PEP y empresas en las que tienen participación suelen estar sujetas a medidas de debida diligencia adicionales para prevenir conflictos de interés y el lavado de dinero.
¿Qué es el delito de alteración de pruebas en el derecho penal mexicano?
El delito de alteración de pruebas en el derecho penal mexicano se refiere a la manipulación, destrucción o falsificación de evidencias o elementos probatorios relacionados con un proceso judicial con el fin de obstaculizar la investigación o influir en el curso de la justicia, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del grado de alteración y las consecuencias para la administración de justicia.
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