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¿Puede una persona con antecedentes penales en México ser requerida como testigo en un juicio?
Una persona con antecedentes penales en México puede ser requerida como testigo en un juicio, siempre y cuando su testimonio sea relevante para el caso en cuestión. Los antecedentes penales de un testigo pueden ser objeto de escrutinio y debate durante el juicio, pero esto no necesariamente impide que testifiquen. La decisión de llamar a un testigo y considerar su testimonio recae en el tribunal y las partes involucradas en el caso.
¿Qué papel juega la capacitación del personal de las instituciones financieras en el cumplimiento de las regulaciones de PEP?
La capacitación del personal es esencial para asegurar que comprendan las regulaciones de PEP y puedan aplicarlas correctamente al tratar con clientes y transacciones relacionadas con PEP.
¿Qué entidades regulan los antecedentes fiscales en México?
En México, los antecedentes fiscales están regulados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
¿Qué es el Sistema de Identificación para el Registro de Personas (SIRP) en México?
El SIRP es un sistema que registra y controla la identificación de las personas en México. Su objetivo es fortalecer la seguridad y la precisión de los registros de identificación, incluyendo la CURP y otros documentos.
¿Cuáles son los requisitos para rescindir un contrato en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen la existencia de causas legales que justifiquen la rescisión del contrato, la presentación de pruebas que sustenten dichas causas y el respeto a los plazos establecidos por la ley.
¿Qué acciones se están tomando para promover la igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia para personas mayores en México?
Se están implementando acciones para promover la igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia para personas mayores en México, como la sensibilización de operadores judiciales sobre los derechos de las personas mayores, la adaptación de procedimientos y servicios judiciales a sus necesidades, la promoción de la participación activa de personas mayores en procesos judiciales y decisiones que les conciernen, y la prevención de prácticas discriminatorias basadas en la edad.
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