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¿Qué medidas se toman para proteger los sistemas de gestión de incidentes cibernéticos en los bancos mexicanos?
Para proteger los sistemas de gestión de incidentes cibernéticos en los bancos mexicanos, se establecen planes de respuesta a incidentes, se realizan simulacros de seguridad, y se colabora con agencias gubernamentales y expertos en ciberseguridad para detectar, mitigar y recuperarse de ataques cibernéticos de manera eficiente.
¿Qué derechos protege el artículo 41 de la Constitución Mexicana en materia de participación política?
El artículo 41 de la Constitución Mexicana protege los derechos de participación política de los ciudadanos, estableciendo los principios de democracia, equidad, imparcialidad y legalidad en los procesos electorales.
¿Qué medidas se toman para garantizar la imparcialidad de los jueces que deciden sobre las solicitudes de extradición en México?
Se establecen mecanismos de evaluación y supervisión para garantizar la imparcialidad de los jueces que intervienen en casos de extradición, evitando influencias externas que puedan comprometer su independencia.
¿Cuáles son las mejores prácticas para prevenir el soborno y la corrupción en el entorno empresarial mexicano?
Las mejores prácticas incluyen la implementación de programas de ética y capacitación, la revisión de transacciones comerciales y la cooperación con las autoridades para reportar actividades sospechosas.
¿Cuál es el proceso de investigación y persecución de delitos de extorsión en México?
Los delitos de extorsión se investigan y persiguen por las autoridades. Las víctimas suelen colaborar en la identificación de los extorsionadores, y se busca detenerlos y procesarlos legalmente.
¿Pueden las personas con antecedentes penales en México votar en elecciones?
En México, las personas con antecedentes penales pueden votar en elecciones, ya que el derecho al voto se considera un derecho ciudadano fundamental. No se establecen restricciones para las personas con antecedentes penales en ese sentido. El derecho al voto está protegido por la Constitución y se garantiza a todos los ciudadanos, a menos que existan limitaciones específicas, como la pérdida de derechos civiles por sentencia judicial en casos graves.
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