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¿Cómo se abordan las necesidades especiales de las personas con discapacidades en el proceso KYC en México?
El proceso KYC en México debe ser accesible para personas con discapacidades. Las instituciones financieras deben proporcionar adaptaciones razonables, como asistencia en la presentación de documentos y la posibilidad de realizar verificaciones de identidad en línea a través de métodos compatibles con discapacidades.
¿Qué diferencia hay entre los antecedentes penales y los antecedentes judiciales en México?
En México, los antecedentes penales se refieren específicamente a los registros de condenas penales que una persona pueda tener. Los antecedentes judiciales son más amplios y abarcan cualquier participación de una persona en procesos judiciales, incluyendo arrestos, juicios y otros eventos legales, no solo condenas. Ambos tipos de registros pueden tener un impacto en la vida de una persona.
¿Cuáles son las consecuencias legales del acaparamiento y la especulación en México?
El acaparamiento y la especulación, que implican la manipulación de precios y la acumulación excesiva de bienes básicos, se consideran delitos en México. Las penas por acaparamiento y especulación pueden incluir sanciones penales, multas y medidas de control para garantizar el acceso equitativo a los productos básicos. Se promueve la regulación del mercado y la protección de los derechos de los consumidores.
¿Qué hacer si se pierde la Credencial para Votar en México?
En caso de pérdida, es necesario acudir al INE para tramitar una reposición de la Credencial para Votar.
¿Los antecedentes judiciales en México son confidenciales?
Los antecedentes judiciales en México no son de acceso público en general. Solo ciertas entidades y autoridades tienen el derecho legal de acceder a esta información, y se requiere una justificación válida y legalmente reconocida para su acceso.
¿Qué es el delito de robo de cables en el derecho penal mexicano?
El delito de robo de cables en el derecho penal mexicano se refiere a la sustracción ilegal de cables eléctricos, telefónicos o de otra naturaleza, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del valor de los cables robados y las consecuencias para los servicios afectados.
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