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¿Qué es el delito de tráfico ilegal de órganos en el derecho penal mexicano?
El delito de tráfico ilegal de órganos en el derecho penal mexicano se refiere a la captación, extracción, transporte o comercialización de órganos humanos de manera ilegal, y está castigado con penas que van desde largas condenas de prisión hasta la cadena perpetua, dependiendo del grado de participación y las circunstancias del delito.
¿Cómo se ha adaptado el proceso KYC en México a la creciente adopción de tecnologías móviles y dispositivos inteligentes?
El proceso KYC en México se ha adaptado a la creciente adopción de tecnologías móviles y dispositivos inteligentes al permitir la verificación de identidad a través de aplicaciones móviles y cámaras de smartphones. Esto brinda a los clientes una forma conveniente de cumplir con los requisitos de KYC.
¿Cuáles son los requisitos para ejercer la acción de subrogación en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen que el pago de la deuda se realice de manera voluntaria, que exista una relación jurídica válida entre el deudor original y el nuevo acreedor, y que se cumplan los términos del contrato original.
¿Qué es la guarda y custodia exclusiva en México y en qué casos se otorga?
La guarda y custodia exclusiva en México se refiere a que uno de los padres es el único responsable de la crianza y cuidado de los hijos. Se otorga en casos donde se considere que otorgar la custodia compartida o alternada no es en el mejor interés de los hijos, debido a circunstancias específicas que lo justifiquen.
¿Cuál es el derecho fundamental que protege la libertad de residencia en México?
El derecho fundamental que protege la libertad de residencia en México es el artículo 11 de la Constitución, que establece que todas las personas tienen derecho a elegir su lugar de residencia dentro del país.
¿Cómo se garantiza el principio de presunción de inocencia en el sistema de justicia mexicano?
El principio de presunción de inocencia se garantiza en el sistema de justicia mexicano mediante la obligación de que la carga de la prueba recaiga en el Ministerio Público, quien debe demostrar la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable.
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