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¿Qué requisitos de debida diligencia deben cumplir las instituciones financieras al verificar las listas de riesgos en México?
Las instituciones financieras en México deben llevar a cabo un proceso de debida diligencia que incluye la identificación de los clientes, la obtención de información sobre el propósito de las transacciones y la evaluación continua de la relación comercial. También deben verificar las listas de riesgos y reportar transacciones sospechosas a la UIF.
¿Qué acciones se están tomando para prevenir y sancionar la violencia política de género en México?
Se están implementando acciones para prevenir y sancionar la violencia política de género en México, como la promulgación de leyes y normativas específicas, la capacitación de autoridades y operadores judiciales en enfoque de género, la promoción de la participación política de mujeres, y la creación de mecanismos de denuncia y protección para mujeres víctimas de violencia política.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la confianza del público en el gobierno y las instituciones en México?
Las sanciones a contratistas pueden influir en la confianza del público en el gobierno y las instituciones, ya que la percepción de rendición de cuentas y transparencia puede fortalecerse o debilitarse según cómo se manejen los casos de sanción.
¿Qué documentos y comprobantes fiscales se deben conservar en México?
En México, se deben conservar documentos como facturas, recibos, estados de cuenta, y cualquier otro comprobante relacionado con transacciones fiscales durante un período determinado.
¿Cómo pueden las instituciones financieras garantizar que las regulaciones de PEP no afecten negativamente a los clientes legítimos?
Las instituciones financieras pueden implementar procedimientos de debida diligencia eficientes y garantizar que los clientes legítimos no se vean afectados innecesariamente por las regulaciones de PEP.
¿Cuál es el rol de la Defensoría Pública en el sistema de justicia mexicano?
La Defensoría Pública tiene la función de brindar asesoría legal y representación gratuita a aquellas personas que no pueden pagar un abogado particular, garantizando así el acceso a la justicia para todos, independientemente de su situación económica.
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