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¿Cómo se manejan los delitos de corrupción en México?
Los delitos de corrupción se abordan a través de diversas leyes y agencias, como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública. Se han implementado medidas de transparencia y rendición de cuentas para combatir la corrupción.
¿Cuál es el proceso para solicitar la pensión por viudez en México?
El proceso para solicitar la pensión por viudez en México implica presentar una solicitud ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o la institución correspondiente. Se deben cumplir ciertos requisitos, como haber estado casado(a) con el fallecido(a) y contar con la documentación necesaria, como el acta de defunción y el certificado de matrimonio. El IMSS evaluará la solicitud y determinará si se cumplen los requisitos para otorgar la pensión.
¿Cuáles son los motivos más comunes para sancionar a un contratista en México?
Los motivos más comunes para sancionar a un contratista en México incluyen el incumplimiento de contratos, prácticas corruptas, evasión fiscal, y el incumplimiento de regulaciones de seguridad y ambientales, entre otros.
¿Cómo se protege la integridad de los testigos en el sistema de justicia mexicano?
Se implementan medidas de protección a testigos en el sistema de justicia mexicano, como el resguardo de identidad, la declaración en lugares protegidos, y la vigilancia policial para evitar represalias.
¿Cuál es la diferencia entre el contrato de agencia y el contrato de comisión en México
La diferencia principal entre el contrato de agencia y el contrato de comisión en México radica en la naturaleza de la actividad realizada por el representante. Mientras que en el contrato de agencia el agente promueve actos de comercio, en el contrato de comisión el comisionista ejecuta actos específicos en nombre del comitente.
¿Qué es el delito de violencia institucional en el derecho penal mexicano?
El delito de violencia institucional en el derecho penal mexicano se refiere al uso abusivo, desproporcionado o ilegítimo de la fuerza por parte de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, que cause daño, lesiones o violaciones a los derechos humanos de las personas, y está castigado con penas que van desde sanciones administrativas hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la violencia y las circunstancias del hecho.
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