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¿Cuáles son las consecuencias legales de la conspiración en México?
La conspiración, que implica la planificación y acuerdo entre dos o más personas para cometer un delito, se considera un delito en México. Las penas por conspiración pueden incluir sanciones penales, multas y la participación en actividades de rehabilitación o reinserción social. Se promueve la prevención y persecución de los delitos mediante la identificación y desarticulación de las conspiraciones.
¿Quiénes son considerados PEP en México?
Las PEP incluyen funcionarios gubernamentales, legisladores, jueces, y otros individuos en posiciones políticas de influencia y poder.
¿Cuál es el impacto de la extradición en la percepción de la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo en México?
La extradición puede fortalecer la percepción de la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo en México al demostrar la disposición de los países para colaborar en la identificación y enjuiciamiento de terroristas y grupos extremistas que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.
¿Qué medidas preventivas pueden tomar los contratistas en México para evitar sanciones?
Los contratistas en México pueden tomar medidas preventivas como cumplir rigurosamente con los contratos, mantener registros financieros precisos, implementar políticas de cumplimiento y ética, y capacitar a su personal en regulaciones y leyes aplicables.
¿Cuál es la edad mínima de responsabilidad penal en México?
La edad mínima de responsabilidad penal en México es de 12 años, aunque existen disposiciones especiales para adolescentes entre 12 y 18 años que establecen medidas socioeducativas en lugar de penas privativas de libertad.
¿Cómo se promueve la conciencia y educación sobre la verificación de listas de riesgos entre las empresas y el público en general en México?
La conciencia y educación sobre la verificación de listas de riesgos se promueve a través de campañas de sensibilización, capacitación y orientación proporcionadas por las autoridades regulatorias, organismos internacionales y organizaciones empresariales. Además, se fomenta la publicación de pautas y mejores prácticas para que las empresas y el público en general comprendan la importancia de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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