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¿Qué es la tortura en el derecho penal mexicano?
La tortura en el derecho penal mexicano es el delito que consiste en infligir deliberadamente dolor físico o mental a una persona con el fin de obtener información, confesión o castigarla por algún motivo, y está prohibida tanto por la legislación nacional como por los tratados internacionales de derechos humanos.
¿Cuáles son las implicaciones legales de la pornografía infantil en México?
La pornografía infantil es un delito grave y una violación de los derechos de los niños en México. Las penas por este delito son severas e incluyen largos períodos de prisión, multas y la obligación de reparar los daños causados a las víctimas. Además, se implementan acciones de prevención, persecución y protección de los derechos de los niños en el ámbito de la pornografía infantil.
¿Qué derechos tiene el arrendatario en relación con la notificación de aumentos de renta en México?
El arrendatario tiene el derecho a recibir notificación por escrito con al menos 30 días de antelación antes de cualquier aumento propuesto en la renta. El arrendatario puede negociar estos aumentos con el arrendador y evaluar si desea renovar el contrato.
¿Cómo se determina la guarda y custodia en casos de familias monoparentales en México?
En casos de familias monoparentales en México, la guarda y custodia se determina considerando el interés superior del menor. Se evalúa la capacidad del padre o madre para brindar un entorno seguro y adecuado para el desarrollo del niño, y se toman en cuenta factores como la relación previa con ambos padres.
¿Cuál es la edad mínima para contraer matrimonio en México?
La edad mínima para contraer matrimonio en México es de 18 años, aunque pueden existir excepciones en casos especiales con autorización de un juez.
¿Cuál es el proceso para solicitar la declaración de interdicción en México?
El proceso para solicitar la declaración de interdicción en México implica presentar una demanda ante un juez. Se deben proporcionar pruebas que demuestren la incapacidad de una persona para administrar sus propios asuntos debido a una discapacidad mental o física. El juez evaluará la solicitud y tomará una decisión basada en el interés y la protección de la persona incapacitada.
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